Las discapacidades legales de tipo cognitivo necesitan que se extiendan legalmente las herramientas de accesibilidad al conocimiento basadas en la Lectura Fácil, pero yendo más allá hay que impulsar acciones que generalicen el diseño para todos, la comprensión de los textos, mensajes y documentos, y el uso de un lenguaje sencillo. 

 

En el ámbito de la accesibilidad cognitiva nos enfrentamos a una segunda frontera de las políticas de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal, centradas por definición en la accesibilidad al conocimiento y dirigidas a la comprensión de mensajes, textos, formatos y herramientas culturales: es una acción política más compleja y sutil que la propia de la accesibilidad física (más evidente, en principio), pero de importancia decisiva para las personas con discapacidad cognitiva.

 

Las personas con dificultades de lectura y comprensión disponen de una metodología específica (la Lectura Fácil-LF) que se centra en la elaboración de materiales redactados de forma sencilla y concisa, con una estructura ordenada y un diseño claro. Esta elaboración se basa en unas pautas aprobadas en 1997, “Directrices para materiales de Lectura Fácil”, de la International Federation of Library Associations and Institutions, y también en 1998, en las “Directrices Europeas para generar información de Fácil Lectura” de la ILSMH-Inclusion Europe.

 

Ahora podemos pasar de la simple reivindicación de la accesibilidad, a la exigencia de una Ley que obligue a que la accesibilidad en la comprensión sea un estándar, o al menos que lo sea en el ámbito de información pública que llega al ciudadano.

 

Una de las formas de hacer estándar el uso de la Lectura Fácil, sería obligar a su incorporación en gran parte de la información pública a la que se accede a través de la lectura (textos legales, normativas, textos literarios, noticias, servicios de uso público) y que estén dirigidas o sean susceptibles de uso por parte de personas con discapacidad cognitiva. Sin embargo, el derecho a una información accesible y comprensible va más allá de las propias políticas de Discapacidad y desde Down España pensamos que nuestros objetivos debieran ampliarse. La Lectura Fácil no deja de ser una metodología reactiva a la falta de accesibilidad al conocimiento para personas con dificultades de comprensión lectura. Nuestro planteamiento es que en las políticas y en todas las Administraciones Públicas se incorpore como principio general “el derecho de todos los ciudadanos a recibir una información clara y sencilla”, en el marco de lo que se conoce internacionalmente como “Plain Language Movement” y que en España denominamos “Lenguaje llano o lenguaje sencillo”.

 

El “Lenguaje sencillo” (LS) lo que busca es generar un estilo de escritura simple y eficiente que permita a todos los lectores entender fácilmente lo escrito. Para ello utiliza expresiones concisas y claras, una estructura lingüística efectiva y un buen diseño de los documentos. La extensión y uso de este estilo debiera universalizarse, sobre todo en lo relativo al acceso a servicios públicos y hábitos corrientes de gestión de la vida diaria (pensemos por ejemplo la redacción de contratos, productos financieros, hipotecas, reglamentos e instrucciones para consumidores, leyes y normas legales,..). De esa forma, la accesibilidad cognitiva universal tendría un sentido de “diseño para todos” en el que lo más importante no sería la adaptación en Lectura Fácil de los textos, sino su mayor universalización en términos de sencillez y comprensión. 

 

Estas dos líneas de actuación: Lectura Fácil y Lenguaje Sencillo, deben conectarse. Para ello hay que impulsar la inclusión de estos conceptos en todas las legislaciones relativas a la accesibilidad, pero también ¿por qué no?, el impulso de Instrucciones, Normativas o incluso de una Ley que promueva la aplicación en LS de los usos lingüísticos en las Administraciones Públicas (al estilo de lo que ya existe en Estados Unidos: “Plan Writing Act of 2010”, Comité “COSLA” en Francia, el “Plan Swedish Group” en Suecia, etc..).

 

En España, este concepto puede abordarse en una revisión de la Ley de Transparencia o en una Ley General de Accesibilidad, realizando una conexión entre lo que es una mejora lingüística (con acuerdos con la Real Academia de la Lengua), una mejora de Accesibilidad (con acuerdos con las organizaciones del Tercer Sector) y un Diseño para todos (con especialistas en trámite administrativo y jurídico de las propias Administraciones Públicas).